Santa Fe: la Justicia suspendió las polémicas obras en el parque Alberdi

Por Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

El juez en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación, Eduardo Sodero, concedió ayer una medida cautelar solicitada por ciudadanos que se oponen a la construcción de cocheras semisoterradas en el parque Alberdi de la capital provincial, por lo que las obras quedaron paralizadas.

En este caso, la medida es un trámite automático del recurso por ley 10.000 (de intereses difusos) interpuesto. En días (plazo para que las partes acerquen la documentación que requiera el juez) éste se pronunciará teniendo dos opciones: ordenar la suspensión de los trabajos hasta que la cuestión de fondo sea dirimida definitivamente o, en su defecto, disponer la reanudación de las tareas de las empresas concesionarias.

Respuesta. El intendente José Corral, quien confirmó que los abogados municipales trabajan desde ayer en elaborar una respuesta al juez Sodero pese a que hasta anoche —dijo— no habían sido notificados de la resolución, ratificó que están «en una etapa de diálogo». En relación a la reunión que, a pedido del Defensor del Pueblo provincial, fijó para mañana, los manifestantes dijeron en la tarde de ayer que no asistirán.

Los ambientalistas, Corral y Luciano Leiva, el Defensor del Pueblo, tenían previsto reunirse este jueves en el municipio para discutir la construcción de más de mil cocheras subterráneas —295 en el Alberdi y 800 en la plaza San Martín (puede que sean más, pero estas dos cuentan ya con aprobación del Concejo)—. Corral había dicho que asistiría con la mayor predisposición para analizar de modo integral el primero de los proyectos inesperadamente convertido en centro de una polémica que ha ido creciendo en intensidad desde que se iniciaron las obras.

Los vecinos reaccionaron porque el paseo perdería un porcentaje de los 137 árboles, por el uso del espacio público para emprendimientos privados (si bien las obras quedarán para la ciudad sin que les cueste inversión alguna, las cocheras serán explotadas por una empresa privada por 30 años), o el estilo moderno diseñado para el nuevo parque.

Gestos, actos y declaraciones nutrieron una tensión —por la que el Defensor del Pueblo llegó a temer, según le escribió al intendente en la carta en la que le pidió que dialogue con los manifestantes— que no se imaginó hace dos años cuando la totalidad de los ediles de todos los partidos dieron luz verde para que se construyeran 295 dársenas de estacionamiento público semisoterradas en el Alberdi.

Impasse. «Se trata sólo de una suspensión —explicó a LaCapital el constitucionalista Domingo Rondina—. Cuando los jueces reciben un recurso ambiental de los previstos en la ley 10.000 están obligados a suspender preventivamente la actividad estatal denunciada. La única forma de no hacerlo es declarar inconstitucional la ley, lo cual es complejo sin pedido de parte. Apenas presentado el recurso el juez debe solicitar informes al organismo estatal, en este caso el municipio. Y la ley prevé, en su artículo 8, que al recibir la notificación el ente debe suspender su actuación salvo grave daño a un fin estatal eminente. Esta suspensión funciona automáticamente, ajena a la voluntad y criterio del juez, y no indica ninguna conformidad del juzgado con lo peticionado. La verdadera decisión ocurrirá pocos días después (entre 5 y 10) cuando la sentencia confirme la suspensión del acto o autorice su continuidad. En estos casos, no debe confundirse la suspensión con el verdadero adelanto de sentencia que son las cautelares comunes. Hay que esperar la decisión definitiva».

Ayer la novedad fue esta impasse dictada por el juez Sodero y la negativa de los manifestantes: «Vamos a negarnos ya que el intendente planteó los ejes del debate y la continuidad de la obra antes de la invitación. Esto no nos aporta absolutamente nada a lo que venimos discutiendo y planteando en la asamblea, la cual persigue como objetivo máximo el cese de la obra y la quita de la concesión a las empresas privadas», dijo Fabrizio Dalla Valeria.

El jueves en Diputados tratarán un pedido de informes de Mario Lacava y Alejandra Obeid sobre la titularidad dominial del terreno. Una de las múltiples discusiones, —además del impacto ambiental, el diseño arquitectónico, la preservación paisajística, el canon mensual de mil pesos que deben pagar las empresas constructoras, el uso del espacio público para negocios privados, cada sectores expresándose a favor y en contra— planteó que el terreno del Alberdi es propiedad provincial y no municipal.