La marcha que el lunes encabezaron unos 150 manifestantes en esta localidad en la cual se pedían controles para el basural de la empresa Séptima Región, de Rubén Rapetta, encontró un eco favorable en el mismo empresario, que puso a disposición de quien quisiera los controles y los permisos provinciales y municipales que le permiten procesar 4.800 toneladas de residuos sólidos y 2.500 de líquidos mes a mes.
"Tengo todo en orden: los permisos, las inspecciones y los controles que me piden desde Medio Ambiente de la provincia", sostiene el empresario oriundo de Pérez y con múltiples negocios de administración y agropecuarios.
El basural en cuestión está a cuatro kilómetros de la ciudad, fuera del ejido urbano. Es una gran montaña que ocupa un predio de 2,5 hectáreas al cual se accede por un solo camino, ya que otro acceso por el cual se podría llegar está cerrado con tranqueras.
La empresa Séptima Región cuenta con distintas lagunas para su planta de líquidos y de residuos cloacales; un basural a cielo abierto que parte desde la cota cero, a ras de la tierra y rodeado de membranas plásticas.
Curiosamente el basural no huele, ni siquiera al soplar una leve brisa, no se encuentran roedores, ni animales de ningún tipo alrededor, no hay líquidos sin tratar ni se encuentra en el lugar ningún tipo de residuos en descomposición. "Si no te avisan de lejos que es un basural, no te das cuenta", comentó un vecino de las cercanías.
Rapetta mostró a LaCapital las inspecciones de la empresa de vectores, las desratizaciones periódicas y con firmas de autorización del Senasa.
"Es una cuestión personal. Algunos vecinos no quieren abrir el camino para que circulen los camiones porque dicen que la empresa les desvalorizó sus propiedades, otros buscan disputar el poder político al intendente Darío Corsalini y otros son hipócritas. El tema es que esta industrializadora de residuos da de comer a 20 operarios, más los muchachos de una cooperativa que reciclan cartones", dijo Rapetta.
El basural recibe mercadería de los municipios de la región, como Funes, Pérez y Soldini; de empresas que reciclan material de oficina, de industrias de la región y de camiones atmosféricos y de las cerealeras.
Para el intendente Corsalini el tema es "personal y político", y sostiene que "está todo en orden". "Para el secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, la empresa está «ocho puntos sobre diez» y como intendente me atengo a las inspecciones", dijo Corsalini.
El jefe comunal planeó su preocupación porque "se genera una situación de violencia. A Rapetta le pintaron la casa y su familia tiene problemas; cuando este hombre tiene todo bien".
Rapetta fue acusado de "patotero" cuando él explica que lo único que hizo fue "enviar cartas documento a este grupo de pseudoecologistas para que prueben los hechos de los que acusan a mi empresa".
Por medio de dos resoluciones de 2003 la empresa fue autorizada y auditada para realizar este trabajo. En la planta trabajan dos ingenieros, uno químico, y el negocio se mantiene por medio de contratos con entes públicos y particulares a los cuales se les cobra entre 55 y 65 pesos por tonelada de desperdicios.
"Es una cuestión también de pueblo. El olor del que hablan no existe y si prevalece el viento oeste puede llegar a percibirse algo, muy poco", sostuvieron los operarios de la planta, que veían a lo lejos la quema de unos campos, de la cual tampoco se percibía el olor.