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El repliegue estratégico norteamericano necesita el control total del área que considera su “patio trasero”. Una trinchera que se extiende desde el sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego y que debe ser infranqueable para sostener sus intereses geopolíticos. Una de las herramientas clave para ello es el control de las estructuras judiciales.
Gran parte de los poderes judiciales de la región ya responden a los intereses de Washington –de manera directa o a través de alianzas con las oligarquías locales que los controlan–, y ello se ve claramente reflejado en los casos de lawfare contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández en Argentina.
Sin embargo, las recientes declaraciones – y acciones- del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, del embajador norteamericano designado para Argentina, Peter Lamelas, y del propio presidente Donald Trump, dejan en evidencia el firme trabajo de la Casa Blanca por ampliar y consolidar el control sobre los poderes judiciales de América Latina.
A los ya conocidos ataques de Rubio contra los pueblos y gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, se sumaron las arremetidas contra los gobiernos de Brasil y Colombia y contra la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Colombia
Tras conocerse el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), condenado a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal, el secretario de Estado norteamericano publicó en sus redes sociales que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria” y agregó que “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
En respuesta a ello, el presidente de Colombia, Gustavo Petro (2022-2026), aseguró – también a través de la red social X – que las declaraciones del secretario Rubio representaban una “Intromisión en asuntos judiciales de otro país” y agregó: “es una intromisión a la soberanía nacional”.
Luego, en un acto en Santa Marta, el presidente Petro se preguntó: “¿Por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para dice que este (Colombia) país es independiente y soberano y aquí se respeta a los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia?” [1].
Cabe recordar que, durante décadas, Colombia ha sido un aliado estratégico fundamental para Estados Unidos. Desde territorio colombiano se realizaron provocaciones y agresiones directas contra los gobiernos de la región y se intentó socavar los procesos de integración.
Gran parte de esas políticas se llevaron adelante durante los gobiernos del líder ultraderechista Uribe Vélez, quien también ha sido señalado – en reiteradas oportunidades – por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Álvaro Uribe Vélez es uno de los responsables de lo que en Colombia se conoce como “falsos-positivos”, que no es otra cosa que el secuestro y posterior asesinato de civiles que luego eran vestidos con ropas militares y mostrados a los medio como guerrilleros caídos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Estrategia con la que el gobierno colombiano intentaba crear la sensación de estar venciendo en el enfrentamiento con las guerrillas. Según datos publicados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, más de 6.400 colombianos fueron asesinados mediante esta modalidad. En algunos casos, sus cuerpos desaparecieron o fueron enterrados en fosas comunes y sus familiares aún los buscan.
Brasil
La estrategia de presionar a los poderes judiciales para defender a sus aliados o perseguir a aquellos que pueden ser un estorbo para los planes Estados Unidos, no se limita a un solo país. En Brasil, frente al avance del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro (acusado de liderar un fallido intento de golpe de Estado) el gobierno de Trump comenzó sus arremetidas contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil que lleva adelante la causa, el juez Alexandre de Moraes, y contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En respuesta a la decisión del juez de dictarle a Bolsonaro prisión domiciliaria y el uso de una tobillera electrónica (para evitar una fuga), el secretario de Estado norteamericano, publicó en sus redes: “He ordenado la revocación de las visas de Moraes y sus aliados en la Corte, así como de sus familiares inmediatos, con efecto inmediato”.
Rubio sostuvo que “la cacería política del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil y afecta a los estadounidenses”.
El respuesta el presidente Lula da Silva compartió un mensaje en la red social X, en el que manifestó: “Mi solidaridad y apoyo a los ministros del Supremo Tribunal Federal afectados por otra medida arbitraria y completamente infundada del gobierno de Estados Unidos. La interferencia de un país en el sistema de justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones”.
Trump también anunció, como medida de presión contra el gobierno de Lula da Silva, el aumento de los aranceles – elevándolos hasta el 50% – a una serie de productos de origen brasileño
El presidente brasileño aseguró que esas medidas son arbitrarias, injustas y violatorias de los acuerdos internaciones. Lula responsabilizó por esta decisión del gobierno norteamericano a Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo Bolsonaro (quien se encuentra radicado en Miami y desde allí intenta dirigir el lobby internacional contra el gobierno brasileño).
“Eduardo Bolsonaro está cambiando a su patria por su padre. ¿Qué clase de patriota actúa así?”, aseguró Lula (fuente: Prensa Latina).
Argentina
El 21 de marzo pasado, antes de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, mediante un comunicado, difundido por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, se dio a conocer la decisión del secretario de Estado norteamericano que ordena prohibirle la entra a Estados Unidos a la ex presidenta, al ex ministro Julio De Vido y a sus familias.
El texto – de solo cuatro párrafos – señala: “Hoy anuncio la designación de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (CFK), expresidente de Argentina, y Julio Miguel De Vido (De Vido), exministro de Planificación de Argentina, por su participación en importantes casos de corrupción durante el ejercicio de sus cargos públicos. Esta acción hace que CFK, De Vido y sus familiares directos no puedan, en general, ingresar a Estados Unidos” [2]
En la misma línea, el candidato para embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en su exposición ante el Senado norteamericano – que debe aprobar su designación para ese cargo – al explicar cuál sería su rol en Argentina, entre otros aspectos, puntualizó: “mi papel es asegurarme de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”.
“Ella está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Obviamente ella no estuvo involucrada en el atentado de la AMIA, pero definitivamente de alguna manera estuvo involucrada en el encubrimiento, y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal”, aseguró Lamelas (diario La Nación).
En ese doble juego de atacar a quienes consideran un estorbo y proteger a sus aliados, Lamelas señaló: “Tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo período para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países” (diario Perfil).
En respuesta a esas declaraciones la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales: “ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas… el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de EEUU en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina a ‘vigilar a los gobernadores’, a ‘frenar acuerdos con China’, y… (para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa) a ‘asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece’“
“Qué nivel de obsesión bro… Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un NUEVO FISCAL plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni MONROE se animó a tanto” sostuvo la ex mandataria y luego recordó que “mientras tanto TRUMP, que asumió la presidencia de EEUU con 24 cargos criminales, no termina de cumplir su promesa de revelar los nombres de la lista de EPSTEIN en las causas sobre pedofilia, corrupción de menores y abusos sexuales… Ni el sistema judicial de EEUU investiga el fortuito ‘suicidio’ del mismo. Primero deberían limpiar su casa, antes de opinar sobre la nuestra”.
Cristina Fernández remarcó que “por si faltaba algo, también dijo que su misión es apoyar el triunfo de Milei en las elecciones de octubre… ‘las MIDTERMS´, como las llamó (…) Igualito a Kristalina que, desde el FMI, ya blanqueó que los argentinos “deben votar bien”. Como verás… la campaña no la hacen los hermanos Milei: la hacen Washington y el Fondo Monetario…”
La ex mandataria aseguró que “al final lo de ‘Las Fuerzas del Cielo’ y los tuiteros ‘malos’ eran para la gilada… notifícate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son ´Las Fuerzas del Norte’“,
Una historia que viene de tiempo atrás
Si bien, las declaraciones de Marco Rubio, Peter Lamelas y del propio presidente norteamericano Donald Trump evidencian la impronta que el gobierno del magnate republicano, no se trata un giro en la política exterior norteamericano, sino de un cambio de estilo.
Hace largo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos (tanto demócratas y republicanos) trabajan para lograr el control de los poderes judiciales de América Latina. Se podría decir que es una política de Estado. Es lógico que así sea: los presidentes pasan, los jueces quedan.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dedicado gran cantidad de fondos y energías a impulsar programas de “capacitación” (cooptación) para jueces y fiscales de América Latina; como así también el despliegue de una enorme red de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que cumplen el mismo fin.
Las presiones para evitar que México aprobara y luego pusiera en funcionamiento la reforma del Poder Judicial – con la elección directa de los funcionarios de todas las instancias del mismo – muestran el esfuerzo de Estados Unidos por impedir que se democratice el menos democrático de los poderes del Estado.
Cuando la Reforma Judicial se debatía en el Congreso mexicano, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar aseguró: “el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver en México, si se llegara a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y 2027 amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de la inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
En la misma línea brindaron declaraciones senadores y representantes demócratas y republicanos encabezados por Marco Rubio – por entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos- .
En ese momento, los senadores señalaron: “Nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones”.
Cómo respuesta, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió pausar la relación entre Estados Unidos y México en defensa de la soberanía de su país. “Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetuosos de la independencia de México”, sostuvo López Obrador.
“América para los americanos”, la frase de la doctrina Monroe que sigue más vigente que nunca y que significa América para los intereses del poder dominante en Estados Unidos. Doctrina que define cada una de las acciones de la política exterior de la Casa Blanca hacia América Latina.
Héctor Bernardo* Periodista, escritor y profesor de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP. Miembro del equipo de PIA Global
Foto de portada: Eva Vázquez
Referencias:
[1] https://www.france24.com
[2] https://ar.usembassy.gov/es/declaracion-del-secretario-de-estado-marco-a-rubio/
La colonización de la Justicia en nuestra América Pia Global.
