Comenzó el juicio por fumigaciones ilegales en Córdoba

AUDIO: Entrevista al Dr. Medardo Ávila Vázquez | Comenzó ayer el primer juicio oral y público en Córdoba por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, cerca de zonas urbanas, contra dos productores sojeros y un aeroaplicador.

Comenzó ayer el primer juicio oral y público en Córdoba por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, cerca de zonas urbanas, contra dos productores sojeros y un aeroaplicador.

Numerosos medios siguen el tema en los tribunales de Córcoba

El debate se realizó en la Cámara Primera del Crimen de la capital cordobesa y, por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se unificarán dos causas similares.

Durante la mañana de ayer a los acusados se les leyeron las imputaciones, y ellos se abstuvieron de prestar declaración.

Sofía Gatica, una de las madres querellantes en la causa, será una de las personas que hoy brinde testimonio.

A los imputados se los acusa de violación de la ley provincial de agroquímicos 9.164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.

En una de las causas están imputados los productores Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto al comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello.

Fueron denunciados en 2002 por pulverizar con agroquímicos peligrosos campos aledaños al barrio de Ituzaingó, en la periferia sudeste de esta capital.

El ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez, que integra la parte querellante de la causa, en diálogo con Cadena 3, señaló que las expectativas en los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo “son muy grandes”.

“La conmoción es importante, hace 11 años que esta gente viene denunciando que familiares o ellos mismos están enfermos. A esta fecha muchos han muertos a causa de las fumigaciones”, señaló el ex funcionario del intendente Luis Juez.

“Se hicieron más de 30 denuncias y la Justicia nunca entendió que era delito esparcir veneno en sectores poblados”, agregó Ávila Vázquez.

Y añadió: “Lo que se tratará en el juicio es identificar a los responsables. El delito está y sentará un precedente en todo el país y vamos a tener que adecuar estas prácticas”.

La causa de 2002 se inició cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.

Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.

En aquella oportunidad, y a raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5.000 vecinos del lugar".

Paralelamente, y a raíz de los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.

En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.

En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.

Según lo confirmado por un vocero judicial, los productores Gabrielli y Parra están acusados como supuestos instigadores de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que al piloto lo imputan de la autoría del delito.