El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó este jueves los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por los que se otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro, pero que son cuestionados por la oposición.
BBC News Mundo. 22 agosto 2024, 16:36 GMT. Extracto.
La Sala Electoral del TSJ asumió este caso luego de un recurso interpuesto por Maduro y ordenó hacer un peritaje del proceso electoral.
En la sentencia, se indica que la Sala «certifica de forma inobjetable el material electoral peritado» y «convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República».
Venezuela entró en una crisis post electoral luego de que en la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció unos resultados que supuestamente se correspondían con el escrutinio del 80% de las actas y que, según afirmó, otorgaban una victoria «irreversible» para Maduro.
La oposición, liderada por María Corina Machado, cuestionó esos resultados y afirmó que los datos que tenía en su poder indicaban que el ganador de los comicios había sido el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia.
Edmundo González, en «desacato»
En su decisión, la Sala Electoral del TSJ menciona que González Urrutia «no asistió a ninguna de las fases» del proceso al cual fue citado y se señala que, por tanto, incurrió en desacato del mandato de la autoridad judicial, «conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente”.
Cuando fue citado por el TSJ, González Urrutia anunció que no comparecería por cuanto consideraba que la Sala Electoral estaba usurpando las funciones del CNE y porque al hacerlo se colocaría en una situación de «absoluta indefensión».
La magistrada Caryslia Rodríguez, quien preside la Sala Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia, dijo también que la decisión sería enviada a la Fiscalía General de la República para que fuera incorporada a la investigación penal que lleva a cabo en torno al proceso electoral por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación de desobedecer las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
Esa indagatoria también se refiere a los documentos con los resultados publicados por la oposición en la página web -que según el gobierno son falsos-, así como al «ataque cibernético» masivo que habría sufrido el CNE la noche de las elecciones y con el que se justificó la no publicación de las actas.
