La nueva resolución judicial no hace más que reforzar una decisión: Juárez quedó afuera de la competencia por el control de la entidad que supo presidir durante más de 50 años. El miércoles se celebrará la asamblea con una sola lista oficializada: la «Agrupación Miguel Rú».Por segunda vez en cuatro días, la Justicia Federal rechazó el pedido de la agrupación que encabeza Herme Juárez de suspender la convocatoria a elecciones del próximo miércoles en la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín.
El Tribunal Federal N° 2 de Rosario ratificó que el miércoles a las 9 horas se celebrará de manera presencial la asamblea ordinaria de la Cooperativa en la explanada del helipuerto del CCREP, con la agrupación «Miguel Rú» como única lista oficializada según resolución de la intervención judicial.
La nueva resolución judicial no hace más que reforzar una decisión: Juárez quedó afuera de la competencia por el control de la entidad que supo presidir durante más de 50 años. La intervención judicial inhabilitó la lista de «Vino Caliente» porque no estaba completa y por no tener los avales mínimos requeridos para competir por los cargos en la asamblea. Al cumplir con todas las formalidades, quedó oficializada la lista «Miguel Rú» encabezada por José Marco, una agrupación opositora a Juárez que tomó protagonismo reclamando la normalización de la Cooperativa que está intervenida desde agosto de 2019, en el marco de las investigaciones contra Juárez por asociación ilícita.
El pasado viernes, los socios Carlos Javier Gómez y José Lorenzo Torres presentaron escrito solicitando la suspensión de la asamblea convocada, ya que -argumentaron- se habían violado todas las normas estatutarias, las resoluciones emitidas por el órgano de aplicación (INAES) y los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Según la presentación de dos socios de la Cooperativa, “todo ello también ocurre con la participación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, quien a contrario sensu, se inmiscuye en las decisiones del órgano de aplicación de la ley de cooperativas y decide validar un padrón apócrifo, conculcando los derechos y garantías de 700 trabajadores. Todos cómplices de las irregularidades: el Inaes, el Juzgado Federal N° 4 y la CFAR (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario)”, refirieron.
El pasado 1° de julio, el interventor Daniel Sorrequieta informó al Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de Rosario, la convocatoria a asamblea ordinaria para la aprobación de balances -la cual luego fue suspendida- y, que la nómina total de asociados a la Cooperativa era de 132 personas.
“El plazo fijado resulta suficiente para que el interventor elabore un cronograma electoral, y convoque a asamblea general ordinaria a fin de desarrollar el acto eleccionario durante el mes de septiembre de 2021, conforme el registro de asociados existentes al 1° de junio de 2021, con el objetivo de entregar la gestión de la institución a las nuevas autoridades que resulten elegidas a la finalización del plazo que se le ha fijado (29/10/2021)”.
El Tribunal Federal N° 2 señaló que “se han desestimado los recursos de casación presentados; y los recursos de queja han sido recientemente rechazadas por la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal”.
“El planteo efectuado luce inadmisible ya que, no se advierte que el proceder del interventor haya redundado en perjuicio de los derechos cooperativos, dado que han tomado conocimiento efectivo de la convocatoria pudiendo presentar la lista de candidatos dentro de los plazos fijados”, indicaron en la resolución judicial.
La Justicia Federal concluyó entonces que “al momento de oficialización de listas, conforme cronograma electoral consentido por los asociados, la «Agrupación San Martín, Lista Verde» carecía de candidato de síndico titular válido que habilite su oficialización.
