María Alejandra en un departamento céntrico. No es amplio, pero queda cerca del trabajo y de la escuela de su hija. Pero en un mes termina el contrato de alquiler y ya le anticiparon que pasará a pagar casi 700 pesos !!!… Los datos surgieron de una encuesta confeccionada por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular que impulsa el edil del ARI Nire Roldán. La investigación, lanzada hace un mes, alcanzó a unos 800 inquilinos y pensionistas que viven en los seis distritos de la ciudad. Las encuestas se realizaron en mesas ubicadas en las peatonales, plazas y espacios públicos de los barrios, a la salida de grandes supermercados y en los centros municipales de distrito.
El primer cruce de datos, realizado sobre unos 250 casos, arroja resultados contundentes sobre los problemas que enfrentan quienes no pudieron acceder a una vivienda propia.
Así, el 39 por ciento de los consultados no pudo o no podrá renovar su alquiler este año. Y, de estos, ocho de cada diez se vieron imposibilitados de hacerlo por el incremento de precio del nuevo contrato que, en la mayoría de los casos, supera los aumentos de salario que pueden haber obtenido durante los últimos dos años.
Otros, en cambio, apuntaron como dificultades las mayores exigencias de los propietarios que actualmente piden el aval de dos garantías propietarios, o una propietaria y dos recibos de sueldo superiores a los 1.500 pesos. Y, en igual medida, señalaron como inconveniente el monto total que se debe desembolsar al momento de contratar, en concepto de comisión, seña, adelanto y sellados.
Esta realidad se reafirma con el testimonio de quienes sí lograron firmar un nuevo contrato para los próximos dos años. La mitad de los entrevistados lo hizo comprometiéndose a abonar el doble de alquiler, y otro 27 por ciento deberá desembolsar el 50 por ciento más de lo que venía pagando. Y, en todos los casos, el documento contiene una cláusula que faculta a renegociar estos valores a los seis meses de rubricado.
Una mudanza obligada
El estudio advierte también sobre la suerte que corren las familias que no pueden prorrogar su alquiler. “Inexorablemente deben mudarse a inmueble de menor calidad, en otros casos a pensiones y hospedajes, o son expulsados a barrios periféricos y hasta llegan a volver a las casas de sus familiares de origen», se advierte.
Para la asesora legal de la agrupación Inquilinos Autoconvocados de Rosario, Natacha Villalonga, el estudio no hace más que confirmar la realidad que viven las decenas de personas que semanalmente se acercan a la institución.
«Por las consultas que nos realiza la gente ya preveíamos los resultados de esta encuesta. Son muchos los que llegan muy preocupados porque en un mes tienen que buscar un nuevo lugar donde vivir. Y recurren a cualquier medio: pensiones, hospedajes y los más viejos hasta empiezan a buscar lugar en un geriátrico», señala.
Es que si bien en un principio la suba de los alquileres impactó sólo entre los inmuebles céntricos, la tendencia rápidamente alcanzó a la mayoría de los barrios, donde los precios ostentan incrementos que llegan al 50 por ciento de lo que se pedía hace un año y medio.
La situación parece ser un cuello de botella. De acuerdo a estimaciones del último censo nacional, realizado en el 2001, más del 10 por ciento de las familias rosarinas son inquilinos. Y este porcentaje tiende a crecer debido a las dificultades para acceder a un crédito hipotecario. Así, la demanda sube y el ritmo de la construcción no alcanza para proveer el mercado de nuevas unidades. El resultado es bien conocido: crecen los precios.
Por lo tanto, no son pocos los inquilinos que sostienen que el Estado, en sus diferentes ámbitos, debe intervenir en el mercado inmobiliario. Según se desprende de la encuesta, el 36 por ciento considera que tiene que restablecer las relaciones de equidad entre locador y locatario; una cantidad casi idéntica (35 por ciento) sostiene la necesidad de garantizar políticas de construcción de viviendas sociales; y otro 22 por ciento prefiere que se fijen topes a los precios.
«Las posibilidades de intervención estatal son muchas, pero lo cierto es que ni gobierno nacional ni la provincia ni el municipio pueden permanecer al margen de los problemas que viven las personas que no tienen acceso a una vivienda», advierte el concejal, Nire Roldán.
De acuerdo a estos principios, en diciembre del año pasado, el presidente del bloque del ARI en el Concejo presentó un proyecto para crear el Servicio Público de Alquileres (SPA). Un organismo municipal intervendría en la dinámica del mercado, facilitando las transacciones y priorizando los derechos de los inquilinos.
El proyecto aún no logró superar el debate de la comisión de gobierno del cuerpo legislativo. Mientras tanto, la ley de oferta y demanda sigue rigiendo las relaciones entre locadores y locatarios.
Fuente: Carina Bazzoni, La Capital
