La Cámara baja provincial sancionó la ley de emergencia en materia de seguridad
VIDEO| La medida prevé apartar a jefes policiales investigados administrativa o judicialmente y dar respuesta a las demandas de la población, además de redireccionar partidas presupuestarias
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La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió hoy en ley un proyecto que declara la emergencia en materia de seguridad en todo el territorio provincial por el lapso de 18 meses prorrogables y teniendo como marco la reciente detención del ex jefe de policía Hugo Tognoli, por presuntos nexos con el narcotráfico.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada con 30 votos a favor, mayoritariamente de los bloques justicialistas, y 12 en contra, sobre 43 presentes, incluido el presidente del cuerpo, Luis Rubeo, y siete ausentes. El oficialismo del Frente Progresista votó en contra.
La ley de emergencia en seguridad fue aprobada esta tarde en la Cámara baja con la intención de aportar una norma que sirva para atravesar la extremadamente delicada situación que vive la provincia en estos días, en los que las autoridades han reconocido que existen varios jefes investigados por enriquecimiento ilícito, hablan de cajas negras y admiten un desgobierno hacia las fuerzas policiales.
La emergencia en seguridad pretende la depuración de agentes policiales sospechados e investigados ya sea en sede administrativa o judicial, englobando a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones o hasta 6 años después de su renuncia o pase a retiro.
Asimismo facilita también la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.
La misma propende a que se concreten reparaciones edilicias en dependencias policiales, o en su caso ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales para la implementación de la presente, como la redistribución de automóviles policiales, e instrumentación de un mecanismo de distribución de vehículos e instar a los magistrados a la agilización en el dictado de resoluciones a fin de asignar los móviles para incorporarlos al uso de la fuerza.
Otros aspectos que incluye la norma es la adquisición de equipamiento para la policía científica, la compra de tecnología GPS, scanner móviles para detección de drogas peligrosas, insumos, maquinarias y todo otro elemento que haga al buen desempeño de la tarea.
De igual forma estipula la construcción de dos complejos penitenciarios para descomprimir las comisarías y faculta al Ejecutivo a llevar a cabo políticas interministeriales de asistencia e inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años para completar sus estudios y capacitarlos laboralmente.
Esta herramienta que hoy brinda el Poder Legislativo al Ejecutivo facilita y amplía la disponibilidad de fondos para hacer más eficiente la prestación del servicio, elevando el tope para la compra directa y el concurso de precios.
Fundamentada por la diputada Silvia De Cesaris, ley tiene una vigencia de 18 meses prorrogables y pretende, entre otras cosas, la implementación de programas de contención social, para los individuos y sus familias. Propone agilizar la recepción y resolución de denuncias de delitos civiles, conflictos entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales y registro civil.
Por último la ley allana el camino para la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, su integración y funcionamiento.
La Capital