El Concejo Municipal acordó ayer endurecer las multas a quienes manejen con altos niveles de alcohol en sangre, con penas peores aún para los infractores reincidentes. También se sancionará a quienes conduzcan drogados.
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| Los controles continuarán bajo una norma más dura |
Por iniciativa del concejal justicialista Evaristo Monti, el cuerpo aprobó un fortalecimiento de las sanciones a los conductores con alcohotest positivo. Quienes registren de 0,50 a 0,75 gramos (el tope permitido es 0,50) deberán pagar de 200 a 970 pesos. De 0,75 a 1 gramo de alcohol en sangre pagarán con 300 a 970 pesos y la inhabilitación de 15 a 30 días de su carné. Quienes lleguen a 1,50 gramo el castigo se ampliará a tres a seis meses de suspensión. La pena se elevará de seis meses a un año para los superen este último registro.
A los reincidentes se les duplicará el valor de las multas y se les podrá retirar el carné hasta por cuatro años. Ninguno de los infractores podrá realizar el pago voluntario de la sanción, que implica una quita del 50 por ciento del valor de la multa.
Con el propósito de conservar los edificios declarados de valor patrimonial, el Concejo también aprobó ayer un proyecto de la concejala justicialista Victoria Ramírez donde se establece que todos los permisos de obra para intervenir un inmueble de estas características deberán contar con la aprobación de los ediles, para luego suscribir un anteproyecto con el Ejecutivo.
La iniciativa de Ramírez contó con la unanimidad de sus pares. Se debe a la gran preocupación, tanto en el cuerpo como en la Intendencia, por el número de edificios que estaban bajo el programa de Preservación del Patrimonio Arquitectónico que han sido derrumbados. La norma aprobada ayer tiende a poner un freno en la demolición de edificios históricos de la ciudad.
El intendente Miguel Lifschitz había enviado al Concejo un proyecto que apuntaba a impedir la demolición de inmuebles con valor patrimonial para montar en su reemplazo playas de estacionamiento. Dicha propuesta del Ejecutivo se analizó durante la semana pasada en la comisión de Planeamiento del cuerpo y se le introdujeron algunas modificaciones. Así, de acuerdo al artículo primero de la flamante ordenanza, toda intervención que implique afectar la fachada o partes del edificio, reformas o nuevas construcciones que choquen con las pautas de preservación establecidas por el Programa de Preservación del Patrimonio Histórico Urbano y Arquitectónico, o que fueron catalogados dentro del inventario de edificios del área central, deberá contar con la aprobación del Concejo y luego volverá a la Intendencia donde se tendrán que suscribir un anteproyecto de convenio urbanístico entre los propietarios y el Ejecutivo. Dichos convenios deberán además garantizar que las nuevas obras a realizarse sean compatibles con el entorno y con el programa de preservación.
También de la concejala Ramírez, se aprobó una iniciativa que establece la reubicación de un semáforo que fuera recientemente colocado en la ochava suroeste de Avellaneda y Pellegrini, y que obstruye la senda destinada a los discapacitados.
Fuente: diario La Capital – Imagen: Daniel Carrizo
