El encuentro comenzó en la ciudad de La Paz con la participación de más de 400 representantes de organizaciones argentinas. Fueron cinco las caravanas que partieron desde nuestro país, Brasil, Centroamerica, Colombia y Perú y se sumaron al Asalto Poético que comenzó en El Alto y finalizó en la Plaza San Francisco. En declaraciones a FM La Posta emitidas en Informativo FARCO, Iván Nogales, referente del Grupo COMPA de Bolivia, uno de los organizadores del Congreso, comparó el encuentro con el mito surgido luego del asesinato de Tupac Amaru. Según expresó “las caravanas y el congreso, es en el fondo el mito del inca que vuelve, porque cada caravana, en el fondo son pedazos de un cuerpo desperdigado, fragmentado, explosionado, atomizado que vuelven a ser lo que en realidad somos”. En la segunda jornada, tuvo lugar un encuentro con legisladores y funcionarios públicos de todo el continente en el que ratificaron el compromiso de promover políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria. Durante la jornada de hoy se realizarán los encuentros de debate en comisiones, el plenario de organizaciones y se espera que el gobierno boliviano haga suya la sanción de la primera ley en todo el continente de apoyo a la cultura viva comunitaria, autogestiva e independiente.

El delegado en Córdoba de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Carlos Vicente, criticó el decreto firmado el gobernador José Manuel de la Sota para dar protección a los monopolios mediáticos. En declaraciones a Radio Sur emitidas en Informativo FARCO, el funcionario aclaró que “nuestra constitución provincial no establece que por decreto se pueda regular absolutamente nada, para eso hacen falta leyes”. Además explicó que el decreto de De la Sota contiene “una serie de dispositivos que lo que pretenden es impedir la vigencia de la cláusula antimopólica de la ley de medios que sancionó el Congreso de la Nación hace 3 años y medio”. De hecho el artículo 7 prohíbe “la intervención, desapoderamiento, designación de administradores y/o veedores, restricción y/o control en forma directa o indirecta, sea de medios de comunicación en la Provincia de Córdoba, sea de las participaciones sociales que los integran cualquiera sea su naturaleza”.

La presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Mariela Pugliese, repudió los decretos firmados por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri y por el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota y aseguró que “es mentira que la libertad expresión esté amenazada”. En declaraciones a radio Aire Libre de Rosario emitidas en Informativo FARCO, aseguró que los decretos no son “protección a ningún tipo de libertad que no sea la de empresa”. Además remarcó que “la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual realmente pone límites a los monopolios pero al mismo tiempo abre el juego para la libertad de expresión de todos. Estos decretos lo que hacen es achicar el margen para que sólo sean los dueños de la palabra los grupos empresarios”. La presidenta de FARCO afirmó que “son decretos no solamente hechos a medida sino también mentirosos”.

El responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, aseguró que los decretos firmados por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y por el gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota “son aberraciones jurídicas” con las que “buscan ganar tiempo para el grupo Clarín”. Además expresó que ambos “muestran lo que realmente son: obsecuentes y obedientes del poder económico concentrado”. Los dos decretos fueron cuestionados, incluso por constitucionalistas de posturas afines a Clarín como Félix Loñ o Gregorio Badeni. FARCO emitió un comunicado en el que sostiene que “la verdadera violación a la Libertad de Expresión es la concentración de la propiedad de medios en oligopolios y monopolios que negándose a cumplir la Ley atentan contra la diversidad y el pluralismo. La mejor forma de garantizar la libertad de expresión es la plena vigencia e implementación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Tenía 87 años y estaba preso en la cárcel federal de Marcos Paz condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos y a 50 años por robo de bebés. Su muerte fue esta mañana por un paro cardiorrespiratorio. En estos días, el criminal estaba siendo juzgado por el plan de coordinación de las dictaduras de América del Sur conocido como Plan Cóndor. En la conferencia de prensa que dieron hoy en Buenos Aires un grupo de organismos de derechos humanos, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que Videla fue “un hombre que mató, robó, torturó y violentó la constitución” y expresó que su muerte “nos deja casi aliviados”, aunque también un sentimiento de “pesar de que no haya hablado y no haya dicho donde están los 30 mil desparecidos y los 400 nietos que faltan encontrar”. Carlotto recordó que por el contrario su actitud fue la de “seguir jactándose de lo que hizo y no arrepentirse, ni tener un gesto de humanidad”.

En Córdoba la docente Marina Valle, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Conicet, fue despedida del colegio católico semiprivado Padre Claret por su posición con respecto a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En declaraciones a Radio Inédita de Cosquín emitidas en Informativo FARCO, la educadora contó que en una clase “cité un artículo de unos colegas del Conicet que explican de dónde viene el conflicto” y que “es sumamente crítico de las dos posturas”, en relación a la disputa entre el estado nacional y el grupo ultraopositor Clarín. A partir de entonces, aseguró que algunos alumnos comenzaron a hostigarla por las redes sociales y ha escribirle “K” en el pizarrón. El 10 de mayo recibió un telegrama de despido con fecha dos días anterior. Según relató, la representante legal del establecimiento le dijo que sus “ideas políticas no se adecuaban al perfil de la empresa”. En esta nota, entrevista a la docente.

El juez federal Santiago Martínez rechazó pedir la detención del dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot. La habían reclamado los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia que consideraron al empresario como parte del plan criminal de la dictadura, ya que utilizó las páginas del diario para falsear secuestros y asesinatos y tuvo funciones de acción psicológica a favor del terrorismo de estado. En declaraciones a Informativo FARCO, el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, criticó la decisión del juez ya que la presentación de los fiscales “tiene una contundencia que verdaderamente tiene mucho peso”, al igual que las pruebas que surgieron en el juicio realizado el año pasado en Bahía Blanca y que determinaron abrir una investigación por orden del tribunal oral. Hidalgo, reconoció que “está dentro de las previsiones este tipo de protecciones de esta justicia que todavía sobrevive y que se maneja corporativamente”. Además aclaró que quedan las restantes instancias para lograr la prisión del empresario, tales como la Cámara Federal, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema.

En declaraciones a Frencuencia Zero emitidas en Informativo FARCO, el subsecretario general de la presidencia Gustavo López aseguró que “han dictado un decreto de necesidad y urgencia sólo para un par de grupos económicos de medios que tienen sede social en la ciudad de Buenos Aires”. El jefe de gobierno porteño dictó un decreto que desconoce la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y crea tribunales especiales en la capital federal a donde recurrir en caso de supuestos ataques a la libertad de prensa. Se basó en el rumor de una posible intervención al grupo ultraopositor Clarín lanzado, sin fuentes informativas precisas ni pruebas, por el periodista del diario La Nación Joaquín Morales Solá. La versión fue desmentida por varios funcionarios del gobierno nacional pero sigue siendo alimentada como cierta por Clarín, La Nación y otros periodistas y medios opositores. López remarcó “la ilegalidad del decreto”, aseguró que es "groseramente inconstitucional" y calificó como “una vergüenza que un gobierno dicte un decreto con fuerza de ley a favor de uno o dos grupos económicos”. El decreto fue duramente criticado por organizaciones sociales y ya tiene presentaciones en contra en la justicia.

Tras una importante movilización de repudio, el juez César Melazo debió darles la libertad a los 5 empleados públicos que había ordenado detener ayer por la participación que tuvieron el año pasado en una protesta gremial en La Plata. Los 5 delegados gremiales fueron apresados ayer por policías de civil que no se indenficaron y que se los llevaron por la fuerza en autos particulares sin patentes. Pasado el mediodía de hoy, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar de Isasi, confirmó a Informativo FARCO la pronta liberación de los detenidos y aclaró a Informativo FARCO que “acá no se desmadró la policía ni fue un juez que determinó por casualidad estas cosas, hubo una decisión política de judicializar”. Por eso responsabilizó “al gobernador (Daniel) Scioli y a la directora de Escuelas Nora de Lucía” por “criminalizar la protesta social”. Las detenciones provocaron el repudio de los docentes y otros sindicatos de empleados públicos, organizaciones políticas y de derechos humanos que se movilizaron hoy para pedir su liberación. Los delegados están imputados por el delito de coacción agravada que prevé penas de entre 5 y 10 años. La protesta por la que están acusados consistió varios días de toma de la Dirección General de Cultura y Educación contra 126 despidos y rebajas salariales.

La iniciativa fue presentada públicamente ayer en un acto en la Cámara de Diputados. Participaron representantes de las publicaciones de todo el país que la vienen impulsando y el diputado nacional Jorge Rivas, del Frente para la Victoria, que tiene la autoría del proyecto. En el texto se propone la exención de impuestos para las revistas culturales independientes y autogestivas, que el estado declare de interés su circulación y que se cree un fondo especial de apoyo al sector, entre otros puntos. En la presentación, de la que participó FARCO brindando su apoyo, la integrante del periódico Mu, Claudia Acuña, expresó que “nosotros somos muchos y con esta ley queremos garantizar que cada día seamos más” a pesar de que las grandes empresas “nos quieren expulsar del circuito comercial porque saben que les estamos ganando cada vez más mercado”. En el acto estuvieron miembros de otras revistas que también opinaron sobre el proyecto. En esta nota, algunos de los audios.