*Paraguay: Tierra y Sangre*

Los hechos -un enfrentamiento entre campesinos y policías que dejo un saldo de entre 15 y 17 muertos y 80 heridos en Paraguay- podrían haber tenido como escenario casi cualquier país de Latinoamérica, con excepción de Cuba, Uruguay o Venezuela.

En los demás estados se repite el esquema de empresarios rurales o fondos de inversión que se han apropiado -o intentan hacerlo- de tierras fiscales o pertenecientes a comunidades originarias u ocupadas por éstos. Cualquier intento de resistencia, protesta o reivindicación de derechos por parte de los propietarios ancestrales es respondido por bandas armadas que no vacilan en “matar para escarmentar”.

La actitud de los gobiernos es ignorar el problema o atribuir los hechos delictivos a los campesinos que defienden su tierra para reforzar la legislación represiva y favorecer la apropiación por la oligarquía lugareña. En algunos casos, ante la presión popular, las “autoridades” emiten una tímida y formal condena de circunstancias. Reiteramos: en casi toda Latinoamérica. Como en casi toda África.

El más reciente de estos frecuentes hechos de violencia ha ocurrido en Paraguay, donde un predio de unas 2000 hectáreas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil, fue desalojado a tiros con un alto costo en vidas humanas.

La hacienda es propiedad del ex senador colorado Blas Riquelme quien -según se dice-utilizó a campesinos enrolados en la Liga Nacional de Carperos como señuelos para provocar el enfrentamiento con la policía. En opinión del Partido Humanista de Paraguay las víctimas “policías y campesinos inocentes han sido sacrificados en beneficio de los sectores más poderosos del país” para lograr –dicen- “el endurecimiento de las leyes y la criminalización de las organizaciones sociales”.

La respuesta gubernamental fue la destitución del ministro del Interior y del Jefe de la Policía –ya reemplazados- personajes cuyos nombres no importan porque no significan nada en cuanto a rumbo político. Estas decisiones -inevitables, por otra parte- debilitan el ya frágil gobierno de Fernando Lugo, cuyo juicio político se pidió hoy en la Plaza de Armas, frente al Congreso, en una acción coordinada con los medios de comunicación que refuerza la hipótesis de una trampa.

El Partido Humanista Internacional deplora la persistencia de acciones inhumanas que no vacilan en causar muertes para imponer políticas y hace suyo el repudio del Partido Humanista de Paraguay a “la impunidad con que operan grandes criminales desde los poderes del Estado, amparando el avance destructivo, social y ambiental, de multinacionales corporativas, aliadas a grupos latifundistas violentos” que… “han acumulado tanto poder, que ya cuentan con facultad para cometer crímenes de lesa humanidad dentro de marcos de legalidad flexibilizados a su antojo”.

El ECI se solidariza con el dolor de los familiares y amigos de las víctimas y exhorta a continuar la búsqueda de justicia por medios no violentos.

Equipo de Coordinación Internacional
Partido Humanista Internacional